No tiro la toalla
Por: Cristina Escudero, Coordinadora de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias en Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León (UGRECYL)
¿Es lo mismo la destrucción deliberada del patrimonio en un entorno bélico que la destrucción “aleatoria” e indiscriminada provocada por una catástrofe natural? ¿En ambos casos se puede articular el mismo tipo de respuesta? ¿Es lo mismo que la destrucción tenga lugar en poblaciones locales que no sienten una vinculación con aquello destruido -como restos de un pasado ajeno a ellas- que las que lo integran como algo vivo, consustancial a su historia y con la que existe una concordancia emocional?
Seguramente no, y si en la restauración de bienes culturales aplicamos la “norma” de que “cada caso es un caso”, en el ámbito de las catástrofes y los desastres que afectan al patrimonio cultural este axioma tiene que estar más presente que nunca y alejarse de paternalismos exclusivistas propios del ámbito de la cultura occidental dominante que no son ajenos a intereses y dobleces seudocolonialistas.
La idea imperante en la actualidad, lanzada desde diversos ámbitos y de las que se ha hecho eco la propia UNESCO, de que lo importante en estos momentos es que el patrimonio cultural esté debidamente documentado para que, en caso de destrucción poder rehacerlo (que no restaurarlo), sobrecoge.
Sobrecoge porque lleva implícita la conciencia de la derrota, un tirar la toalla en toda regla.
Y volvemos a las preguntas: ¿Es lo mismo la recomposición de la imagen perdida que la realidad impresa en aquello que se perdió? Para mí no… Materiales, técnicas, modos de entender la vida, de expresarla y darle forma, el propio devenir del tiempo y los varapalos de la historia grabados en la materia, son importantes, al menos en el contexto del ámbito cultural en el que me muevo.
En esta derrota se pide la creación de facsímiles, imágenes que recrean el ayer y borran la herida aunque con la boca pequeña se diga que la herida siempre estará presente… Una “patrimoniolandia” en toda regla concebida más para el turista que para el habitante y que llega a imponerse erigiéndose por sí misma como algo relevante.
Llegar a este punto es no haber entendido nada de lo que entrañan los riesgos y las catástrofes en nuestro ámbito de actuación y del trabajo previo que hay que realizar; por desgracia los agentes que trabajamos para la preservación del patrimonio cultural -y no digamos políticos y administradores- parecemos anclados por ciertos modos de hacer y no entendemos el mundo de las emergencias, su funcionamiento y su capital importancia, las cuales también nos competen, costándonos incluso ampliar el concepto del patrimonio entendido como un recurso de amplio espectro.
Las afecciones -de todo tipo- debidas a los supuestos de naturaleza catastrófica se abordan desde los denominados planes de emergencia, que tienen como objetivo reducir los posibles daños a las personas y los bienes procurando la debida asistencia, a través de una herramienta básica: la coordinación (OLABEGOYA VENTURINI, 2006). El patrimonio cultual, entendido como un bien común a todos, recurso de naturaleza identitaria y económica, también debe contemplarse dentro de estas estructuras organizativas preestablecidas para ayudar a su conservación y evitar mayores daños en caso de que acontezca una catástrofe.
España es en estos momentos el único país que ha puesto en marcha una herramienta de coordinación de estas características: el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural, “que se concibe con tres objetivos fundamentales: diseñar medidas o procedimientos para la prevención y protección del patrimonio cultural ante la posibilidad de que se produzca una catástrofe; establecer para estos casos una metodología de actuación para minimizar los daños que se pudieran producir y diseñar los instrumentos de actuación y los mecanismos de coordinación con las distintas instituciones que intervienen en las situaciones de emergencia y que afectan a la seguridad de las personas y de los bienes.” (PLAN, 2015).
Desde el Plan Nacional la planificación se concibe como la organización coordinada y conjunta de agentes que habitualmente trabajan de forma independiente tanto del ámbito del patrimonio (restauradores, direcciones generales de patrimonio cultural, responsables de instituciones culturales, etc.) y de las unidades de emergencias propiamente dichas (protección civil, la unidad militar de emergencias -UME-, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc.), para poder dar rápida respuesta a las distintas situaciones súbitas o sobrevenidas provocadas por una catástrofe, respondiendo de una forma más estructural en situaciones extremas que suelen generan caos y exacerbar los problemas.
No podemos tirar la toalla, no debemos. El patrimonio cultural es un bien colectivo frágil, por lo que su preservación debe implicar a toda la sociedad y tener más presente que nunca que los fenómenos catastróficos han dejado de ser acontecimientos extraordinarios para convertirse en una amenaza real y continua ante la que es necesario estar preparados.